Huelga indefinida en Iveco tras el despido de trabajadores enfermos

Por Sara Plaza Casares

La plantilla de la fábrica de camiones de Madrid irá a una huelga que consideran “por la salud laboral de los trabajadores”.

El próximo 12 de septiembre los trabajadores y trabajadoras de Iveco irán a la huelga. Las y los más de 2.400 empleados de la planta que fábrica camiones, situada en Madrid, se encuentran inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Pero ese no es el motor del próximo paro: piden la readmisión de 10 trabajadores, despedidos por “motivos injustos” bajo causas organizativas, disciplinarias, por bajo rendimiento o por salud.

Según explican los representantes de los trabajadores, la empresa, amparándose en el artículo 52 d) del Estatuto de los trabajadores, está despidiendo a trabajadores por faltas de asistencia intermitentes, aunque justificadas. Así, aquellos empleados que han estado de baja más de ocho días en un periodo de dos meses consecutivos o más de 20 días en un periodo de cuatro meses no consecutivos a lo largo de un año pueden convertirse en despidos objetivos. Todo ello si durante los 12 meses anteriores han faltado un 5% de los días hábiles. Un viacrucis legal que ha mandado al paro a trabajadores con bajas justificadas a un módico precio. Según recoge el artículo, estos empleados reciben una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades.

“Este artículo lo reformó a peor el PSOE y luego lo endureció el PP con la última reforma laboral y no se suele aplicar, aunque ahora se está empezando a usar en el sector de la automoción”, explica Heriberto Tella, miembro de CGT en el comité de empresa y delegado de prevención de riesgos laborales quien señala que estamos ante “despidos terapéuticos”. “Son gente enferma y personas que tienen lesiones derivadas de los ritmos frenéticos del trabajo en cadena como problemas de hernias discales o codos de tenista. Tenemos una plantilla joven y la empresa aplica los despidos sobre gente que puede tener futuras bajas. La empresa ya lo había aplicado en casos excepcionales anteriormente reconociéndolos luego como improcedentes en los juzgados, pero ahora parece que lo quiere aplicar de forma intensiva”, explica el sindicalista.

Los despidos comenzaron a mediados de julio, tras la firma del ERTE. Según relatan los representantes de los trabajadores, la empresa comenzó a manifestar que se había disparado el absentismo. “Reunimos a una comisión creada para atajar el absentismo, para analizar los casos y tomar medidas para evitar la aplicación del artículo 52. Para nosotros las bajas tienen que ver con el alto ritmo de trabajo. No quisieron negociar y empezaron a despedir”, resume Tella.

BAJO EL ETERNO YUGO DEL DESPIDO

Es entonces cuando los sindicatos que representan a los trabajadores acordaron por unanimidad ir a la huelga indefinida. El pleno del Comité de empresa tomaba la decisión el 20 de julio, denunciando la política de “terror” empleada por la empresa que había decidido “saltándose todos los cauces del diálogo despedir de forma masiva aplicando el artículo 52”. El 25 de julio tenía lugar el acto de mediación en el Instituto Laboral. Tampoco hubo avances ese día por lo que la convocatoria sigue adelante. “Estamos orgullosos porque no es una huelga al uso, no es una huelga para reivindicar dinero, es por la salud laboral de los trabajadores, una huelga por nuestra dignidad y contra el miedo”, añade el miembro de CGT.

Pero esta situación no es nueva para una plantilla que vive bajo el eterno yugo del despido. Ya hace dos años, tal y como publicaba Diagonal, los empleados tuvieron que plantar cara por la ejecución de despidos amparándose en el sistema de evaluación japonés ‘World Class Manufacturing’ (WCM). Este sistema evaluaba a los trabajadores en 20 aspectos que iban desde la puntualidad hasta las habilidades sociales. El sindicato CGT denunciaba que basándose en esas evaluaciones la empresa había despedido a gente que se encontraba con bajas de larga duración.

Hoy el artículo 52 ha sustituido a este sistema de evaluación. “Trabajamos con tensión y cada vez se incrementa más”, asegura Tella. “Ahora lo que están haciendo es computar no solo bajas por salud, también cercenan derechos o intentan limitarlos. Te vulneran el derecho a la salud y el derecho a tus licencias legalmente retribuidas”, denuncia Tella mientras advierte que no van a parar hasta conseguir la readmisión de los despedidos y la paralización en la aplicación del artículo 52. “De momento, estamos seguros de que si no hubiéramos planteado la huelga hubiéramos tenido más despidos”, concluye.

Las grandes empresas ganan un 34% más que en 2013 pero pagan menos por el Impuesto de Sociedades

·         En 2016 los grupos consolidados españoles tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable del 6,14%

·         Las pequeñas y medianas empresas abonan un tipo efectivo mucho más alto: el 15,4%

·         El Gobierno recaudó 23.143 millones de euros en 2017 por el Impuesto de Sociedades, muy lejos de los 44.823 millones de 2007

Aunque las grandes empresas han mejorado considerablemente sus resultados durante los últimos años, esta recuperación económica sigue sin verse reflejada en su tributación por el Impuesto de Sociedades. Según los datos recogidos en el último informe de recaudación de la Agencia Tributaria (AEAT), el beneficio contable –diferencia entre ingresos y gastos en la contabilidad de una compañía– de los grupos consolidados españoles en 2016 fue un 34,5% superior al registrado en el año 2013. Sin embargo, a pesar de haber ganado casi 28.000 millones más, tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable ligeramente inferior. Mientras que en 2016 lo hicieron al 6,14%, tres años antes el tipo se había situado en el 6,3%. Estos datos abren de nuevo el debate, puesto sobre la mesa desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, sobre el tipo mínimo que deben pagar las compañías por el Impuesto de Sociedades.

En 2016 –últimos datos disponibles–, las grandes empresas cerraron con unos beneficios contables de 111.788 millones de euros, lo que refleja una notable mejora respecto a los ejercicios anteriores: 83.112 millones en 2013, 96.714 millones en 2014 y 87.048 millones en 2015. Sin embargo, el tipo efectivo que se aplicó sobre estos fue el más bajo de todos: un 6,14%, frente al 6,3%, el 7,07% y el 7,54% registrados, por orden, en los tres años anteriores. Este dato contrasta con el del resto de empresas españolas, cuyos beneficios se sitúan por debajo de los de los grandes conglomerados pero que, sin embargo, tributan por el Impuesto de Sociedades a un tipo efectivo mucho mayor. En 2016, por poner un ejemplo, las sociedades no integradas en grupos registraron un resultado contable de 86.414 millones de euros y pagaron a un tipo efectivo del 15,4%.
 

No obstante, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se insiste en que las grandes compañías españolas pagan un tipo efectivo en línea con la presión fiscal por este impuesto en diferentes países de la Unión Europea. En opinión de la patronal, se está usando de “manera incorrecta” el tipo sobre el resultado contable porque, añaden, "el Impuesto sobre Sociedades” se paga “sobre la base imponible”, es decir, una vez aplicadas las deducciones correspondientes. Si se toma como referencia ese indicador, el informe de la AEAT recoge que el tipo efectivo sobre la base imponible de las grandes empresas en 2016 fue del 19,01%, frente al 19,91% de 2015, el 19,31% de 2014 y el 16,23% del año 2013. En el resto de compañías, este tipo efectivo se situó durante estos últimos años por encima del veinte por ciento: 22,6% en 2016; 24,23% en 2015; 22,25% en 2014 y 21,77% en 2013.

Recaudación alejada de los años precrisis

Según el informe de la AEAT, en 2017 los ingresos tributarios se situaron en los 193.951 millones de euros, un 4,1% más que el año anterior. Sin embargo, se quedaron 7.012 millones por debajo de las previsiones que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 –se estimó un incremento del 7,9%, hasta alcanzar los 200.963 millones de euros–. “La mayor parte del error tuvo su origen en la introducción del SII (Suministro Inmediato de Información en el Impuesto sobre el Valor Añadido) que desplazó ingresos de 2017 a 2018. Sin este cambio en la gestión, la desviación hubiera sido negativa por un importe de 2.862 millones (un 1,4% de la cantidad prevista en el Presupuesto)”, señala la Agencia Tributaria en el estudio, presentado el pasado martes.

También por debajo de lo presupuestado por el Ejecutivo conservador se quedó el Impuesto de Sociedades. En 2017, se recaudaron por este tributo 23.143 millones de euros –el anterior Gobierno estimó que los ingresos por dicho impuesto se situarían en los 24.399 millones–. A pesar de que esta cifra supone un incremento del 6,8% respecto a la registrada en 2016, lo cierto es que la recaudación por el IS sigue lejos de los niveles previos a la crisis. En 2007, el último año de bonanza antes del colapso económico, la Agencia Tributaria percibió 44.823 millones de euros por los beneficios de las empresas, casi el doble de lo que ha ingresado por este concepto el año pasado. Desde entonces, la recaudación por el Impuesto de Sociedades comenzó a desplomarse, alcanzando su mínimo en 2014, con 18.713 millones de euros.

Cambios 

El pasado mes de julio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalló cuáles serían las medidas que su departamento tiene pensado plantear en lo que queda de legislatura. “Nuestra intención es traer a la Cámara cuanto antes un paquete de cambios fiscales que está en la línea con lo que reclama la UE”, señaló la ministra durante su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. Modificaciones fiscales que, dijo, “están orientadas a las grandes empresas”. “No van a afectar a los contribuyentes. No vamos a tocar los impuestos de las clases trabajadoras, ni de las clases medias”, aseveró, al tiempo que detalló que abordará esta reforma en dos fases: una primera de carácter inmediato y una segunda con un desarrollo normativo posterior.

Entre las medidas que Hacienda trata de aprobar “de forma inminente” está la reforma del Impuesto de Sociedades. Según explicó Montero, el objetivo es “intentar acercar” el tipo teórico impositivo –que se sitúa alrededor del 12%, según apuntó la propia ministra– al tipo real del 25%. Además, se estudia fijar una tributación mínima del 15% para los grandes grupos empresariales. “No va a afectar ni a las pymes ni a las empresas medianas. Es una medida para que las grandes corporaciones, las grandes empresas, aporten más”, apuntó la ministra.

Información obtenida de Infolibre.