Por Sara Plaza Casares
La plantilla de la fábrica de camiones
de Madrid irá a una huelga que consideran “por la salud laboral de los
trabajadores”.
El próximo 12 de septiembre los
trabajadores y trabajadoras de Iveco irán a la huelga. Las y los más de 2.400
empleados de la planta que fábrica camiones, situada en Madrid, se encuentran inmersos
en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Pero ese no es el
motor del próximo paro: piden la readmisión de 10 trabajadores, despedidos por
“motivos injustos” bajo causas organizativas, disciplinarias, por bajo
rendimiento o por salud.
Según explican los representantes de los
trabajadores, la empresa, amparándose en el artículo 52 d) del Estatuto de los
trabajadores, está despidiendo a trabajadores por faltas de asistencia
intermitentes, aunque justificadas. Así, aquellos empleados que han estado de
baja más de ocho días en un periodo de dos meses consecutivos o más de 20 días
en un periodo de cuatro meses no consecutivos a lo largo de un año pueden
convertirse en despidos objetivos. Todo ello si durante los 12 meses anteriores
han faltado un 5% de los días hábiles. Un viacrucis legal que ha mandado al
paro a trabajadores con bajas justificadas a un módico precio. Según recoge el
artículo, estos empleados reciben una indemnización de 20 días por año
trabajado, con un máximo de doce mensualidades.
“Este artículo lo reformó a peor el PSOE
y luego lo endureció el PP con la última reforma laboral y no se suele aplicar,
aunque ahora se está empezando a usar en el sector de la automoción”, explica
Heriberto Tella, miembro de CGT en el comité de empresa y delegado de
prevención de riesgos laborales quien señala que estamos ante “despidos
terapéuticos”. “Son gente enferma y personas que tienen lesiones derivadas de
los ritmos frenéticos del trabajo en cadena como problemas de hernias discales o
codos de tenista. Tenemos una plantilla joven y la empresa aplica los despidos
sobre gente que puede tener futuras bajas. La empresa ya lo había aplicado en
casos excepcionales anteriormente reconociéndolos luego como improcedentes en
los juzgados, pero ahora parece que lo quiere aplicar de forma intensiva”,
explica el sindicalista.
Los despidos comenzaron a mediados de
julio, tras la firma del ERTE. Según relatan los representantes de los
trabajadores, la empresa comenzó a manifestar que se había disparado el
absentismo. “Reunimos a una comisión creada para atajar el absentismo, para
analizar los casos y tomar medidas para evitar la aplicación del artículo 52.
Para nosotros las bajas tienen que ver con el alto ritmo de trabajo. No
quisieron negociar y empezaron a despedir”, resume Tella.
BAJO EL ETERNO YUGO DEL DESPIDO
Es entonces cuando los sindicatos que
representan a los trabajadores acordaron por unanimidad ir a la huelga
indefinida. El pleno del Comité de empresa tomaba la decisión el 20 de julio,
denunciando la política de “terror” empleada por la empresa que había decidido
“saltándose todos los cauces del diálogo despedir de forma masiva aplicando el
artículo 52”. El 25 de julio tenía lugar el acto de mediación en el Instituto
Laboral. Tampoco hubo avances ese día por lo que la convocatoria sigue
adelante. “Estamos orgullosos porque no es una huelga al uso, no es una huelga
para reivindicar dinero, es por la salud laboral de los trabajadores, una
huelga por nuestra dignidad y contra el miedo”, añade el miembro de CGT.
Pero esta situación no es nueva para una
plantilla que vive bajo el eterno yugo del despido. Ya hace dos años, tal y
como publicaba Diagonal, los empleados
tuvieron que plantar cara por la ejecución de despidos amparándose en el
sistema de evaluación japonés ‘World Class Manufacturing’ (WCM). Este sistema
evaluaba a los trabajadores en 20 aspectos que iban desde la puntualidad hasta
las habilidades sociales. El sindicato CGT denunciaba que basándose en esas
evaluaciones la empresa había despedido a gente que se encontraba con bajas de
larga duración.
Hoy el artículo 52 ha sustituido a este
sistema de evaluación. “Trabajamos con tensión y cada vez se incrementa más”,
asegura Tella. “Ahora lo que están haciendo es computar no solo bajas por
salud, también cercenan derechos o intentan limitarlos. Te vulneran el derecho
a la salud y el derecho a tus licencias legalmente retribuidas”, denuncia Tella
mientras advierte que no van a parar hasta conseguir la readmisión de los
despedidos y la paralización en la aplicación del artículo 52. “De momento,
estamos seguros de que si no hubiéramos planteado la huelga hubiéramos tenido
más despidos”, concluye.
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